La situación se complica para el legislador fujimorista Oswaldo de la Cruz, y es que no sólo la Contraloría investiga los millonarios negocios de su empresa familiar “Grupo San Cristóbal” con el Estado, sino que ahora la comisión de Ética del Congreso lo tiene en la mira.

La vicepresidente de ese grupo de trabajo, Elizabeth León (UPP), pedirá información en torno al caso para decidir si abre una investigación que determine si el legislador de Pasco violó el código de Ética.

Como reveló el diario Correo de Lima, la empresa de De la Cruz ganó licitaciones con el Estado desde el 2006, facturando anualmente altos montos por la venta de materiales de construcción, desde 744,000 hasta  3 millones 800 mil soles.

Cabe precisar que en el 2005 -antes de que De la Cruz sea congresista- curiosamente su empresa San Cristóbal no contrataba con el Estado.

"Sí existe una investigación a nivel de Contraloría, pero aún no se judicializa el tema y podemos investigar. Los técnicos de la comisión analizarán el caso con detalle", dijo Elizabeth León y luego agregó que la máxima sanción que impone la comisión llega a los 120 día de suspensión.

En los medios locales, el congresista se ha manifestado negando en todo momento haber incurrido en el delito de tráfico de influencias para favorecer su negocio, argumentó no tener nada que ver con el Grupo San Cristóbal y es su esposa la titular, dividiendo la administración con sus hijos.

Como empresarios particulares, los De la Cruz tienen el derecho de participar en cuanta licitación se presente, ha declarado Roy, hijo del congresista; sin embargo una investigación da cuenta que el legislador, al poco tiempo de haber juramentado en el Parlamento, había cuestionado a la Municipalidad de Pachitea por no haber considerado a su empresa en un proceso de licitación.

Oswaldo De la Cruz está en la obligación de responder por estas irregularidades, tal y como lo ha  señalado el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, quien no amparará al pasqueño pese a contar con inmunidad parlamentaria.