Fortalecerán normativa contra la interceptación telefónica
El grupo de trabajo de “Interceptación Telefónica”, del Congreso de la República, evaluó hoy (ayer), en una reunión multisectorial, la propuesta legislativa que penalizaría la compra y venta de equipos de espionaje telefónico, así como el accionar de sus operadores.
La propuesta incorpora, también, penas privativas de libertad a los que indebidamente interfieran o escuchen una conversación telefónica o similar. Los culpables serían reprimidos por los menos con seis años de cárcel.
Si la interceptación la hiciera un funcionario público, la pena privativa de libertad sería no menor de ocho, ni mayor de quince años.
En la reunión asistieron representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, Ministerio de Justicia, Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional; entre otros.
El proyecto de ley 2979 propone modificar el Código Penal respecto al Delito de Interceptación Telefónica y otorgar facultades al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en casos excepcionales.
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