El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén propuso invitar a los titulares del PJ y del Ministerio Público para tratar sobre retardo en el proceso de los denunciados por protagonizar actos de violencia.
En declaraciones a los periodistas, explicó que con ello no se pretende afectar, en modo alguno, la independencia jurisdiccional de ambos organismos.
Precisó que su planteamiento para citar a ambos funcionarios públicos será puesto a consideración de la Junta de Portavoces, a fin que la reunión se concrete la próxima semana.
Velásquez señaló que la inactividad de algunos jueces y fiscales frente al accionar de ciertos grupos de manifestantes que afectan la propiedad pública o privada o que han generado evidentes actos de violencia, está originando una situación de impunidad en el país que puede erosionar las bases del sistema democrático.
Consideró, en ese sentido, que dichos funcionarios no estarían cumpliendo rol que les asigna la Constitución, en lo que respecta al rápido enjuiciamiento de quienes generen la violencia en el país.
“No puede ser que hayan muerto policías (en Bagua) y hasta el momento no se haya identificado a los responsables; que se tomen carreteras y no pase nada”, opinó.
De acuerdo a ello sostuvo que al parecer algunos magistrados estarían discriminando este tipo de casos, al considerar que porque no tienen contenido político no deben merecer una prioridad.
“La Constitución les asigna a los fiscales la titularidad de la acción penal”, sostuvo tras considerar que el Poder Judicial tiene que pensar en su rol. “Los problemas de la violencia no lo puede resolver sólo el gobierno”, anotó.
Precisó que a veces la violencia se ve “auspiciada” porque quienes están en la obligación de procesar a los autores de estos delitos, no lo hacen en forma oportuna.
“Creo salvando la independencia y autonomía jurisdiccional, el Congreso debe invitar al presidente del Poder Judicial y a la titular del Ministerio Público para que expliquen porque actúan así y eso no significa inmiscuirnos”, indicó.
Aclaró que le preocupa que en Sicuani (Cusco) y en Andahuaylas (Apurímac), donde se ha identificado a los violentistas, y los fiscales y jueces de la zona no tomen ninguna decisión sustantiva hasta el momento.
“El país está indefenso ante gente que invocando el derecho de protestar impide que el resto trabaje y se movilice”, aseveró al indicar que la presencia de los titulares del Ministerio Público y el Poder Judicial se podría dar en una sesión conjunta con la Comisión de Justicia del Parlamento.
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